Suspender operaciones comerciales no elimina automáticamente una persona jurídica ni sus obligaciones. El cierre debe ordenar decisiones societarias, patrimonio, deudas y trámites correspondientes.
Distinguir disolución, liquidación y extinción
Las etapas tienen funciones diferentes. Debe identificarse quién decide y quién liquida, qué bienes existen y qué obligaciones deben atenderse. Repartir activos entre socios antes de revisar acreedores puede generar problemas. Los trámites tributarios y laborales también requieren tratamiento propio; un solo cambio registral no reemplaza todo el proceso.
Fundamento: Ley General de Sociedades: disolución, liquidación y extinción. [1] [2]
Tres momentos jurídicos diferentes
La disolución abre una etapa orientada a liquidar; no equivale a la desaparición inmediata de la sociedad. Durante la liquidación deben atenderse operaciones pendientes y obligaciones conforme a ley. La extinción registral corresponde a un momento posterior. Confundir estas etapas puede llevar a dejar contratos, trabajadores o acreedores sin el tratamiento debido.
Inventariar lo que sigue pendiente
Dejar de atender clientes no elimina documentos, bienes, contratos ni obligaciones por revisar. Antes de anunciar un cierre definitivo, prepara un inventario que incluya trabajadores, acreedores y procesos. La ruta societaria y las actuaciones tributarias deben evaluarse según la empresa.

