LA RESPUESTA
Se elabora un inventario sustentado y se analiza la vía para liquidar y adjudicar. En divorcio notarial o municipal, la situación patrimonial debe cumplir las condiciones previas de la Ley 29227; en conflicto judicial se articulan las pretensiones que correspondan.
Qué debe evaluarse
Se diferencia patrimonio propio y social, fechas de adquisición, aportes y deudas. La inscripción de un bien a nombre de uno de los cónyuges no resuelve por sí sola su naturaleza. La liquidación requiere considerar obligaciones y posibles reintegros antes de determinar adjudicaciones. Los derechos de acreedores no desaparecen por un acuerdo privado entre esposos.
Clasificar antes de repartir
Se revisan régimen patrimonial y origen de cada adquisición. Bienes anteriores, herencias y adquisiciones durante el matrimonio pueden tener condiciones distintas. No basta leer a nombre de quién aparece un contrato ni sumar todos los activos familiares para dividirlos. La identificación correcta evita incluir bienes propios como si fueran necesariamente sociales.
Liquidación y obligaciones
La liquidación exige considerar deudas, cargas y los reintegros que correspondan antes de determinar el remanente y las adjudicaciones. Una deuda necesita analizarse por su origen y régimen, no solo por la firma que aparece. Los acuerdos deben ser consistentes con esa evaluación y con los documentos contables o de pago disponibles.
